La instalación de la oficina es un paso más en el cumplimiento del memorando de entendimiento suscrito, que recoge que las partes deben establecer mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el desempeño del la CPI en el territorio a investigar, guste o no a las autoridades del país.
Pese a que los poderes del Estado consideran que no es necesaria la intervención de la CPI para que en Venezuela se haga justicia y se respeten los derechos humanos, tal y como dijo recientemente el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aceptaron sin condiciones la decisión.
De este modo, las instituciones implicadas cumplen con la promesa de adoptar «todas las medidas necesarias» para asegurar la «efectiva administración de justicia», de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y compromiso activo de la Fiscalía de la CPI, en un alarde de confianza y apertura.
Venezuela, en su empeño de mostrar transparencia, puso todas las cartas sobre la mesa, a disposición de Khan y del equipo técnico que la Fiscalía de la CPI instale en Caracas, una apertura en la que ni la oposición ni diversas organizaciones civiles confían, y que ven como una artimaña del Estado para hacer creer a su contraparte en una Justicia que -consideran- no existe.
3. Maduro reafirma su compromiso
Como jefe de Estado y de Gobierno, Maduro, pese a mostrar abiertamente su desacuerdo con la apertura de una investigación, como prueba de su compromiso con la Justicia internacional manifestó su respeto y se puso a disposición del Tribunal de la Haya para lo que el fiscal Khan considere necesario.
El presidente dijo, incluso, que con la apertura de la oficina de la CPI en el país se podrá tener un «nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente, y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorando de entendimiento de noviembre siga su curso».
Además, dijo que Venezuela está en un proceso de «reforma profunda» que denominó «revolución de la Justicia», para llevar a cabo todas las modificaciones necesarias», insistiendo así, una vez más, en que las instituciones del país no tienen nada que ocultar, algo que es considerado por el antichavismo una treta más.
4. El papel de las víctimas
La nota discordante entre la aparente cordialidad la dan las ONG que se erigen en representantes de las víctimas de supuestos abusos y delitos de lesa humanidad, que mostraron, reiteradamente, su rechazo a la actitud distante de Khan con ellas, que exigieron ser escuchadas por el fiscal del alto tribunal, sin que sus ruegos tuvieran efecto, al menos, por el momento.
Pese a estas peticiones, el funcionario internacional no se refirió de manera pública a las mismas, y se centró en ofrecer asistencia técnica a las instituciones del Estado para facilitar la transferencia de conocimientos, identificar distintos ámbitos de trabajo y garantizar aprobación de leyes y su ejecución.
Pero el abogado en derecho penal y de derechos humanos Fernando Fernández explicó a Efe que se debe esperar por ver el reglamento que regirá a la oficina para determinar si también habrá un despacho de representación de las víctimas, dejando abierta una posibilidad a la que Khan no se refirió.
5. Principio de complementariedad activo
El principio de complementariedad es una condición «sine qua non» que no tendría sentido si una de las partes no lo aceptara, puesto que es requisito estrella del Estatuto de Roma para la cooperación mutua entre las partes, cuando la CPI decide abrir una investigación formal a un país.
El fiscal de la CPI ha dejado claro que cumplirá con este principio, que consiste en la colaboración y cooperación mutua, sin que la Justicia internacional desplace a la nacional, que tendrá la prioridad para investigar cualquier irregularidad en su territorio.
De este modo, el Tribunal de la Haya debe complementar el trabajo nacional, con absoluto respeto a la soberanía jurídica del país, y apoyar en aquellos puntos donde los medios locales no lleguen, un requisito que brinda cierta tranquilidad a los Estados investigados.
