El Gobierno mexicano publicó las reformas mineras en el Diario Oficial, después de que el Senado las aprobara por la vía rápida.
Entre otros aspectos, las reformas reducen la duración máxima de las concesiones de 100 a 80 años y hacen que los permisos dependan de la disponibilidad de agua.
Puede descargar la nueva ley en la sección Documentos en la esquina superior derecha de la pantalla.
Con las reformas, el servicio geológico SGM u otras entidades federales obtuvieron derechos exclusivos de exploración, lo que fue muy criticado por la industria.
Representantes de la asociación local de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos AIMMGM y de la Cámara de Comercio de Canadá (CanCham) manifestaron anteriormente a BNamericas que este aspecto podría llevar a la paralización total de la exploración, ya que SGM no cuenta con los recursos necesarios.
No obstante, reconocieron que esta versión de la reforma es mucho más flexible que la propuesta original del gobierno presentada en marzo.
En abril, el presidente de la cámara minera Camimex, Jaime Gutiérrez, criticó las reformas, afirmando en una conferencia en línea que las filiales invierten cerca de US$1.000 millones anuales en exploración.
Por su parte, el presidente del comité de minería de CanCham, Armando Ortega, dijo que las mineras canadienses destinan unos US$700 millones anuales a la exploración en México. En una entrevista reciente con BNamericas, dijo que las reformas preocupan a los inversionistas canadienses por dejar en manos del Estado la última palabra al decidir si se abre, o no, la llave de la exploración.
También advirtió que la nueva legislación podría debilitar a México de cara a la transición energética como proveedor de minerales estratégicos, y afectar su crecimiento económico a largo plazo.
Desde ahora, las concesiones podrán ser canceladas por la Secretaría de Economía si las empresas mineras no realizan oportunamente los pagos de las contribuciones por dos ejercicios consecutivos, si no presentan los informes a los que están obligadas o por no iniciar los trabajos correspondientes en el plazo de un año.
Además, quedó establecido que la entidad titular de la concesión debe obtener todos los permisos necesarios, que ya durante la actual administración han sufrido graves retrasos en medio de una política de congelamiento en el otorgamiento de nuevas concesiones.
Senadores de la oposición criticaron un capítulo sobre delitos porque incluye penas de cárcel de 5 a 10 años y multas del 5% de los ingresos anuales a quienes exhiban documentación falsa para obtener o conservar la concesión, provoque daños a sus trabajadores por falta de seguridad, entre otros.
Las reformas podrían ser invalidadas por la Suprema Corte por contravenir el principio de “deliberación democrática adecuada”, ya que el proceso de aprobación incluyó irregularidades, afirmó en una conferencia el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional.
Un abogado experto constitucional consultado por BNamericas, que prefirió mantener su nombre en reserva, indicó que es «altamente probable» que se introduzca una acción de inconstitucionalidad contra estas leyes por cualquiera de las dos cámaras del Congreso.
El jurista explicó que la corte podría suspender la ley por violaciones de los procesos legislativos, sin analizar siquiera el fondo, ya que el proceso de aprobación fue tan descaradamente irregular.
“Se violaron procedimientos constitucionales. Se violó un principio esencial que es el principio de deliberación”, declaró.