Entre quienes votaron contra la reforma estuvo la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien sostuvo que las iniciativas legislativas se emitieron sin que todas las fuerzas políticas tuvieran tiempo para analizarlas.
La Suprema Corte invalidó el lunes parte de una reforma electoral en México, en el más reciente revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador —promotor de la iniciativa— y que anticipa un incremento en las tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.
Nueve de los once ministros de la Suprema Corte votaron a favor de invalidar la reforma a las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso, y con lo cual se permitía a los funcionarios públicos a expresar opiniones políticas sin riesgo de ser sancionados por incurrir en propaganda electoral — como se establece actualmente.
El máximo tribunal consideró que el Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar en menos de 24 horas los cambios a las leyes sin que los diputados de oposición conocieran previamente las iniciativas. Para los ministros, esto vulneró el principio de equidad en la deliberación parlamentaria.
Entre quienes votaron contra la reforma estuvo la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien sostuvo que las iniciativas legislativas se emitieron sin que todas las fuerzas políticas tuvieran tiempo para analizarlas.
Otro de los que apoyó la invalidación de la reforma fue el ministro Arturo Zaldívar, expresidente del máximo tribunal, quien afirmó que se debe velar porque todos los grupos en un parlamento puedan debatir “en condiciones de igualdad y libertad”, y agregó que “en este caso no sucedió”. La posición de Zaldívar llamó la atención, porque el mes pasado votó a favor de una propuesta gubernamental para que la Guardia Nacional siguiera bajo control del Ejército y fue criticado por una supuesta cercanía con el Ejecutivo.
Los argumentos planteados por los nueve ministros hacen prever que la segunda parte de la reforma electoral, que también fue impugnada por la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) —y aún está pendiente de discusión en la Corte—, podría correr con la misma suerte y ser anulada.
Un día antes de la sesión, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
En las últimas semanas las relaciones entre el gobierno y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
Tras el rechazo de la reforma militar, el gobernante criticó duramente a los ministros y anunció que en 2024, último año de su sexenio, promovería una nueva iniciativa de reforma para consumar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A fines del año pasado, López Obrador promovió la reforma de seis leyes para hacer ajustes en materia electoral, en un movimiento conocido como el “Plan B”, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución en temas electorales.
Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del INE y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
López Obrador ha negado que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México, como aseguraron las autoridades electorales, y planteó que la iniciativa buscaba recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.
El mandatario señaló al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, que salió el mes pasado el cargo luego de nueve años de gestión, de actuar más como opositor al gobierno que como árbitro neutral de los comicios. Córdova fue reemplazado en abril por Guadalupe Taddei, quien fue electa por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.