International union members attend a Federation of Independent Unions of the Automotive, Auto Parts, Aerospace and Tire Industries (FESIIAAAN) news conference during the General Motors Co. union vote in Silao, Guanajuato state, Mexico, on Wednesday, Feb. 2, 2022. Workers at a giant General Motors Co. truck plant in Mexico will choose their union in a key vote that will signal whether North American free trade rules are improving labor rights in the country. Photographer: Maurico Palos/Bloomberg

Las solicitudes de revisión de posibles violaciones laborales en México hechas por Estados Unidos están empujando a otras empresas a “poner en orden” sus relaciones con sindicatos y trabajadores

Las nuevas disposiciones en el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) han empezado a sacar chispas entre las empresas, los sindicatos y sus trabajadores. A partir de su entrada en vigor, EE UU ha utilizado sus nuevos poderes para denunciar posibles violaciones a los derechos laborales en México. En lo que va del año, EE UU ha solicitado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la revisión de cinco posibles violaciones a los derechos laborales en las plantas manufactureras, entre las que figuran VU Manufacturing, General Motors y Panasonic, entre otras. La inercia ha sido tal que otras compañías han empezado a actuar por su cuenta, sin necesidad de denuncias, para alinearse a los nuevos tiempos. En algunos casos, ha llevado a nuevas elecciones de líderes sindicales, mientras que en otros, como con la alemana Volkswagen, aún están en plena faena para acordar un nuevo contrato colectivo. En tanto, la Administración asegura que la mejora en estas relaciones de poder no se debe a la vigilancia de los estadounidenses.

Si bien México debía, desde hace más de 70 años que firmó el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantizar la libertad sindical a los trabajadores, esto no ha sido una realidad. Centrales obreras como la CROC y la CTM se transformaron en aparatos políticos que garantizaban elecciones, mientras sus líderes han sido acusados de corrupción, de presión a través de la desestabilización y de buscar beneficios personales a cambio de estar sometidos a la voluntad de su patrón.

“Se están poniendo en orden las notas”, explica José Ignacio Martínez, del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “y estas centrales [obreras] van a caer en desuso”. El TMEC “ha sido el detonante” para que México comience a mejorar sus prácticas laborales de manera que los trabajadores puedan expresar si son realmente representados por su líder sindical o no, asegura el académico. EE UU, por su parte, vive su propio renacimiento sindical. Desde aerolíneas hasta algunas de las empresas más poderosas, como Amazon, Starbucks y Apple, han visto a sus trabajadores organizarse por primera vez para nombrar líderes sindicales en busca de mejores condiciones.

Una planta de General Motors en la ciudad manufacturera de Silao, Guanajuato, fue la primera en votar en contra de su sindicato a principios de este año, ante la presencia de observadores internacionales y en un proceso altamente anticipado. El resultado fue un nuevo sindicato y un nuevo contrato, por lo que empresas manufactureras, especialmente las automotrices, tomaron nota, asegura Martínez.

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar, dice el refrán “y en este caso yo diría que cuando veas que la libertad sindical en la empresa de enfrente se comienza a modificar, hagas lo mismo en la tuya”, dice Martínez. “Estamos hablando en este momento de las automotrices, por la presión sindical, laboral, salarial que se tiene en Estados Unidos”, afirma.

A unos 450 kilómetros de Silao, en la ciudad de Cuautlancingo, (Puebla) los trabajadores de la principal armadora de la alemana Volkswagen en México votaron a principios de este mes en contra de la revisión integral de su contrato colectivo de trabajo. El convenio inicial proponía un aumento del 9% en su salario y del 2% en prestaciones. De acuerdo con la información del proceso, de los casi 7.000 trabajadores de la planta, un 70% participó en la consulta, que resultó en 2.248 votos a favor y 2.586 en contra del convenio. Sin embargo, los votos negativos no alcanzaron la mayoría, por lo que se optó por reponer el proceso. La empresa expresó en un escueto comunicado su sorpresa por este rechazo, pero declaró en ese entonces que estaba dispuesta al diálogo. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) programó la nueva votación para el próximo 31 de agosto.

Las negociaciones entre la armadora y los sindicalizados buscan ahuyentar la sombra de una huelga, como ya ha ocurrido recientemente en otras empresas como la acerera ArcelorMittal y la telefónica Telmex. Aunque se buscó a los directivos de la armadora alemana para conocer más detalles sobre este nuevo proceso de negociación, la firma declinó a dar más comentarios.

El especialista en temas laborales, Manuel Fuentes, explica que el incidente que ha ocurrido en la planta de Volkswagen da cuenta de los vacíos legales que aún existen en la legislación laboral y de las faltantes en el proceso democrático sindical. “Veo un clima de incertidumbre tanto en las empresas como en los propios sindicatos por esta falta de experiencia y porque los comités en general no han tenido la capacidad de acercamiento con sus sindicalizados”, señala.

Uno de los compromisos derivados del TMEC es la legitimación de los contratos colectivos de trabajo por los propios trabajadores sindicalizados a través de un voto personal, libre y secreto. Un aval con el que se pretende terminar con los convenios laborales simulados que propician salarios precarios y condiciones laborales mínimas. La obligación, ya incluida en la reciente reforma laboral mexicana, establece que dichos convenios deberán ser legitimados por los sindicalizados a través del voto directo a más tardar el 31 de marzo de 2023. Sin embargo, a menos de un año de que venza el plazo, apenas han sido legitimados poco más de 5.800 contratos, de un universo de más de 500.000 documentos registrados ante la Secretaría del Trabajo.

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