El 9 de agosto de cada año se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas. A nivel global, desde 1995 este día es celebrado con múltiples eventos que buscan concientizar sobre la importancia del reconocimiento pleno -con todo lo que ello supone- a las diversidades culturales: tradiciones, valores, idiomas, costumbres y cosmovisionescomo un nuevo valor moral social.
Habría que enfatizar que a partir de 2015 dicha celebración abandera problemáticas que en muchos casos siguen estando pendientes para las realidades de los pueblos; o que son reivindicadas por los propios movimientos indígenas desde diversas geografías. Así, para ese año (2015) la cuestión del acceso a servicios de salud se convirtió en el pilar de reflexión de la celebración; en 2019 se ubicó la agenda de las lenguas indígenas como parte del proceso político reivindicativo de los pueblos. Este 2022 la conmemoración retomó la agenda de “las mujeres indígenas y su rol en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional” (ONU, 2022).
Con este breve contexto del “día internacional” (ONU, 2021) habría que dar cuenta del rumbo que ha caracterizado en los últimos años la cuestión de los pueblos locales en la entidad chiapaneca y de paso plantear una serie de interrogantes que busquen analizar: ¿Cuáles es su realidad hoy? y ¿Cuál es la agenda (nueva y pendiente) que debe incluirse en el debate actual? Con el propósito de adecuar la ruta sobre lo que Aguilar Villanueva (1996) llama como el proceso de formación de la agenda dentro del ejercicio de la acción pública gubernamental.
En ese sentido, habría que señalar que la conmemoración de este 2022 en Chiapas inició el día 8 de agosto en el Congreso del Estado con un pronunciamiento por parte de la presidenta de la mesa directiva María de Los Ángeles Trejo Huerta -acompañada del gobernador Rutilio Escandón- en favor de los pueblos locales y la necesidad de mejorar sus condiciones de vida “con el trabajo conjunto hacia políticas públicas, que […] conduzcan a realizar acuerdos de colaboración a fin de respaldar a nuestros pueblos hermanos”. Estos complejos discursivos que han caracterizado las celebraciones de los últimos años se han situado desde un “multiculturalismo estatalizado” que busca cumplir más con los formalismos del reconocimiento, apaciguar descontentos y en menor medida, construir verdaderos canales de diálogo desde las diferencias culturales.
Precisamente, ese mismo día y como parte de esa cultura política-local chiapaneca y reproduciendo ese “multiculturalismo acartonado”, en medio de lo que Da Matta (2022) planteó para el caso brasileño como los rituales de integración, el Congreso local chiapaneco albergó una serie de prácticas rituales que acompañados de música tradicional tsotsil, mujeres y hombres de diferentes municipios, la presidenta del Congreso habló desde una serie de cuadrículas discursivas que se ubicaron en la necesidad de (re)pensar el pasado indígena como parte del patrimonio e identidad de los chiapanecos; además de señalar la importancia de la diversidad de lenguas, costumbres y tradiciones como parte de esa nueva-vieja realidad en Chiapas.
A los fraseos discursivos de la presidenta del Congreso, existió el pronunciamiento (el día 9 de agosto) de algunos funcionarios políticos locales y nacionales que ubicaron su gramática de gestión desde un “reconocimiento institucionalizado” que tiene como característica central la posibilidad de reivindicar la participación activa de los pueblos locales en la agenda indígena o en la propia hechura de políticas públicas en aquellas cuestiones que no suponen el (re)acomodo del poder o el (re)planteamiento del orden establecido, así el diputado federal LLaven Abarca “urgió la necesidad de “impulsar iniciativas que garanticen mejores oportunidades de desarrollo y el respeto pleno de sus derechos”; las integrantes de la mesa directiva de Congreso local urgieron “hacer frente a todos los retos que implica impulsar la sostenibilidad de los pueblos indígenas y continuar con el respeto de tradiciones, lengua, usos y costumbres”.
En palacio de gobierno, el titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) organismo público encargado de la agenda política y de la propia acción gubernamental en pro de los pueblos locales enfatizó el respeto e inclusión que desde la actual administración estatal se construye en favor de políticas públicas (obras e infraestructura) que se implementan desde el diálogo y “atendiendo [las] necesidades prioritarias”.
Lo cierto es que más allá de estos complejos discursivos y propiamente de la construcción y ordenación de una gramática de gestión gubernamental, en algunos momentos bastante difusa, elástica y reproduciendo complejos relacionales de tipo vertical, de acuerdo con los Informes de Evaluación de la Política Social del Consejo Nacional para la Política Social (IEPDS-CONEVAL) hasta 2016 en Chiapas el Consejo identificó diez acciones públicas dirigidas a la agenda del desarrollo social, de ellas ocho estaban alineadas con la dimensión del bienestar económico. Para 2018 el CONEVAL identificó una acción pública estatal concreta dirigida hacia los pueblos locales (IEPDS, 2020) en medio de grandes dificultades para el acceso a la información sobre la manera de ejecutar recursos y entregar apoyos.
El informe del CONEVAL para Chiapas también muestra que la lógica de actuación de programas y acciones gubernamentales privilegia el tipo de apoyo monetario (50%) es decir, que la atención de los problemas públicos en Chiapas depende en gran medida de los recursos económicos que se entrega a la población beneficiaria, sin que ello necesariamente signifique el cambio en la naturaleza de sus condiciones estructurales. Así, por ejemplo, pese a la transferencia de recursos para la atención de las carencias sociales a partir de las políticas gubernamentales el CONEVAL encontró que en 2018 el acceso a la seguridad social (78.9%) y a los servicios básicos en la vivienda (55.8%) son dos realidades que siguen acosando de manera agresivas las diferentes realidades de los pueblos indígenas chiapanecos; a ello se suman el acceso a la alimentación (24.5%) y el rezago educativo (32.5%).
A ello, habría que sumar los “nuevos-viejos” problemas que aquejan varios municipios y comunidades indígenas chiapanecas (Aldama, Chenalhó, Pantelhó, Oxchuc, Sitalá) que tienen como característica central el rompimiento de la frontera entre los actos legales e ilegales, la disputa por el monopolio de la fuerza, la negociación política informal con actores diversos, la emergencia “nuevos” grupos colectivos e individuales en las realidades indígenas; y la represión de reivindicaciones autonómicas y de autogobierno, todo ello, atravesado en un contexto de violencia, que empieza a cobrar sentido en el ejercicio político de muchas realidades municipales.
Justamente, por ello es imperante, que, a propósito del día internacional de los pueblos indígenas, se avizore más allá de los discursos vacíos y difusos una ruta que privilegie no sólo el reconocimiento efectivo sino el diálogo desde las diferencias culturales, mostrando interés, por incidir en aquellos escenarios viejos-nuevos agresivos a partir de la concepción de un nuevo acercamiento con los pueblos locales chiapanecos que sea orientadora de prácticas y constructora de acciones que posibiliten mejores realidades en las diversas geografías del estado. El tema está ahí y cada vez, exige su pronta revisión y actualización.