La Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, establecida en Nicaragua y que daba nombre a uno de los eventos culturales más grandes de Centroamérica, rechazó este domingo la cancelación de su personalidad jurídica tras 18 años de existencia, en la Asamblea Nacional (Parlamento), por orden del Ejecutivo.
“Lamentamos y condenamos la decisión de la Asamblea Nacional”, escribió el presidente de la Fundación, Francisco de Asís Fernández, en un comunicado emitido 19 días después de la decisión del Ministerio de Gobernación.
“Ya no existimos legalmente. El Festival Internacional de Poesía de Granada reunió a más de 1,200 poetas de 109 países y se convirtió en el evento literario más importante de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo”, destacó Fernández.
La Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada forma parte de un grupo de 440 ONG que han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, desde el levantamiento popular contra el presidente Daniel Ortega, en 2018.
El festival, que atraía a más de 50.000 visitantes cada febrero a la ciudad colonial de Granada, en la zona Pacífico de Nicaragua, “dio a conocer la poesía y la riqueza cultural de nuestro país”, a través del Carnaval Poético de la Identidad Nacional, que mostraba los bailes y tradiciones nicaragüenses, y que incluía el entierro simbólico de los antivalores de la sociedad, recordó el organizador.
Durante el festival se desarrollaban ferias del libro y de artesanías, talleres literarios, o se construían esculturas.
“Fue una plataforma donde se enfatizó la importancia de la libertad de la palabra y la libertad de pensamiento, la democracia, el pluralismo político, la no violencia, la no discriminación, la convivencia pacífica”, recordó Fernández, un reconocido poeta nicaragüense.
Al igual que la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, instituciones como la Academia Nicaragüense de la Lengua, así como universidades, centros de pensamiento, organizaciones defensoras de los derechos humanos, o de las mujeres, ambientalistas, médicas, indígenas, entre otras, se han visto obligadas a cerrar, luego de perder sus personalidades jurídicas.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Las autoridades nicaragüenses han alegado que las ONG canceladas no presentaron sus documentos legales o se negaron a registrarse como “agentes extranjeros”.
Los exrepresentantes de algunas de las organizaciones afectadas, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) o la Universidad Thomas More, afirmaron que el Ministerio de Gobernación se niega a recibir la documentación de las ONG antes de acusarlas de incumplimiento.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.