Tras más de dos décadas de proceso judicial, la Corte Suprema de Israel rechazó la petición de la comunidad palestina de Masafer Yatta (Cisjordania) que buscaba frenar la expulsión de ocho aldeas de la zona, reclamada por el Ejército israelí. Aunque organizaciones de derechos humanos y entidades como la ONU y la UE alertaron que la medida va contra el derecho internacional, el veredicto da luz verde a la que podría ser una de las expulsiones más grandes de poblaciones palestinas desde 1967.
Una batalla legal de 23 años concluyó esta semana con un controvertido fallo que da vía libre a la expulsión de unos 1.300 residentes palestinos en el sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
En la noche del miércoles 4 de mayo, cuando Israel iniciaba las celebraciones por el 74º aniversario de la creación de su estado, la Corte Suprema israelí rechazó la vetusta petición de la población palestina de Masafer Yatta, que buscaba evitar que el Ejército desalojara a ocho comunidades de la zona (que comprende unas 3.500 hectáreas) para usar las tierras en entrenamiento militar.
Según el alto tribunal, los demandantes palestinos no habrían logrado demostrar que eran residentes permanentes del lugar antes de que el Ejército israelí lo declarara zona de tiro a principios de los ochenta, dando paso a la ‘Zona 918’.
Asimismo, los jueces desestimaron que la expulsión pueda constituir un traslado forzoso de población –lo que vulneraría el IV Convenio de Ginebra al que Israel se adhirió en 1951– y alegaron que, en este caso, la ley nacional prevalece sobre los acuerdos internacionales.
Argumentos que, antes de que terminara el festejo israelí, se toparon con un amplio rechazo entre juristas, organizaciones palestinas e israelíes de derechos humanos y entidades como la ONU y la Unión Europea.
«La decisión, entretejiendo interpretación jurídica sin fundamento con hechos descontextualizados, deja claro que no hay delito que los magistrados de la alta corte no encuentren la manera de legitimar», señaló la organización israelí B’Tselem, en un comunicado posterior.
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), que participó de la petición palestina, destacó además que la medida se comunicó «sin previo aviso, en medio de la noche» y supone «consecuencias sin precedentes».
A la ola de rechazo se sumó el Consejo Noruego de Refugiados (NRC). Su directora para Palestina, Caroline Ort, advirtió que el desalojo «constituiría una violación del derecho internacional que prohíbe a Israel, como potencia ocupante, trasladar a miembros de la población ocupada de sus comunidades existentes en contra de su voluntad».
Lynn Hastings, coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en territorio palestino ocupado, alertó que «cualquier desalojo que resulte en un desplazamiento podría constituir un traslado forzoso, en contra de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho internacional». Una crítica a la que se sumó la delegación de la Unión Europea para los Palestinos, que indicó que «como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de proteger a la población palestina y no desplazarla».
Sin embargo, harán falta más que palabras desde el exterior para revertir el fallo, señala Basel Adra, activista y periodista palestino, residente en Masafer Yatta.
«Esperamos que la comunidad internacional se mueva, que haga algo, que no mantenga su ‘doble estándar’. Necesitamos acciones para frenar esta injusticia, para detener la ocupación, para evitar que los israelíes roben nuestras tierras, construyan más asentamientos y nos prohíban construir en nuestra tierra», afirma a France 24.
«Por supuesto que la comunidad internacional tiene herramientas para frenar que estas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional ocurran», agrega por teléfono Dror Sadot, vocera de B’Tselem, quien apunta a «sanciones contra Israel» como una forma efectiva de evitar el desalojo y para que «los ministros del Gobierno, el Ejército y la Corte Suprema asuman sus responsabilidades».
Violencia, demoliciones y prohibiciones: la vida en Masafer Yatta
Masafer Yatta se ubica entre las colinas y laderas del sur de Hebrón, en Cisjordania ocupada. Se trata de un área compuesta por casi 20 comunidades palestinas –de las cuales ocho se enfrentan a un desalojo inminente–, en las que habitan en total unas 2.000 personas.
Dedicados a la agricultura y a la cría de ovejas como medios con los que subsistir, los residentes reivindican que su presencia en estas tierras se remonta a generaciones, incluso antes de la ocupación de Israel.
En su desigual batalla legal ante el Tribunal Supremo israelí, se enfrentaron a un obstáculo habitual: que los magistrados, israelíes, exijan a los palestinos pruebas de su propiedad sobre las tierras cuando las propias autoridades de Israel les niegan permisos para construir.
Aún así, Basel Adra remarca que le entregaron al tribunal «toda la evidencia para probar nuestra existencia en esta área, esencialmente que estas comunidades han existido desde antes de la ocupación». «Pero aquí la justicia es solo para los judíos, para los colonos que construyen en nuestras tierras. Nosotros no tenemos ningún tipo de justicia», subraya.
Para Dror Sadot, el fallo del Supremo «prueba, una vez más, que las personas de los territorios ocupados no pueden esperar justicia por parte de una corte de los ocupantes».
Con el veredicto, la posibilidad de que Masafer Yatta sufra un segundo desalojo es cada vez mayor. Y es que este no sería el primero.
El primero, recuerda Adra, aconteció en 1999 cuando «el Ejército (israelí) vino violentamente, echó a todas las personas y demolió las casas y todo lo que teníamos en estas comunidades». De allí surgió la actual causa y, mediante una orden judicial temporal, las personas regresaron a sus hogares aproximadamente un año después.
Por eso, abandonar, otra vez, no es una opción para ellos. «Peleamos legalmente, pero la ocupación hace lo que quiere», reivindica Adra, a la par que promete que «nos quedaremos, no nos iremos porque no tenemos otro hogar al que ir».
Pero la amenaza de un desalojo inminente es solo un flagelo más de los muchos con los que conviven los residentes de Masafer Yatta. Adra cuenta que el Ejército israelí «afecta nuestras vidas a diario». Mientras los asentamientos de colonos judíos «se están expandiendo y creciendo», a ellos no les permiten construir infraestructuras y, si lo hacen, «siempre están bajo amenaza de demolición».
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), desde 2011 las autoridades de Israel han demolido o confiscado 217 estructuras palestinas en la denominada ‘Zona 918’, provocando el desplazamiento de 608 habitantes.
La designación de zonas para entrenamiento militar es una estrategia habitual del Estado de Israel, que decretó estos espacios en casi el 30% del Área C de la Cisjordania ocupada, según la ONU, lo que afecta a al menos 38 comunidades palestinas de esas zonas, muchas de las cuales estaban asentadas antes de esas declaraciones o incluso previo a la ocupación israelí. «Es una técnica para echarnos de nuestros hogares», defiende Adra.
Y otra grave afectación para los habitantes de Masafer Yatta es la violencia de los colonos que, describe Adra, «cazan los caballos, matan a las ovejas, envenenan animales, cortan árboles, queman pastos, mientras por otro lado el Ejército destruye nuestros hogares, almacenamientos, pozos y suministros de agua».
En diálogo con France 24, Dror Sadot no duda en enmarcar fallos como el de la Corte Suprema sobre Masafer Yatta en un contexto más amplio de medidas de las autoridades israelíes «para remover a los palestinos de sus comunidades, de sus tierras, y permitir que las apropien los israelíes y los judíos». «Hablamos de un régimen de apartheid. Es un régimen basado en el principio de la superioridad de un grupo por encima de otro», sentencia.
Israel planea aprobar 4.000 viviendas adicionales en Cisjordania
A la par del fallo judicial de Masafer Yatta, Israel comunicó que planea ampliar sus asentamientos en Cisjordania ocupada tras la aprobación de 4.000 nuevas viviendas, que serían ratificadas el jueves 12 de mayo por la Administración Civil de Israel, a cargo de los territorios controlados por Israel en Cisjordania.
En concreto, de acuerdo a la agenda de la reunión que presentó ese organismo, se aprobaría la edificación de 2.536 viviendas y se abriría la puerta a otras 1.425 en una fase anterior.
Un avance más del Gobierno israelí en la instalación de edificaciones más allá de los límites de la Línea Verde de separación, acordada en 1949.
Una medida que Israel toma aunque genere fricciones con países como Jordania y Qatar o con su principal aliado, Estados Unidos. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, respondió en este contexto que «nos oponemos enérgicamente a la expansión de los asentamientos que exacerba las tensiones y socava la confianza entre las partes».
«El programa de Israel de expandir los asentamientos daña profundamente la perspectiva de una solución de dos estados», subrayó Porter.
«Cada nuevo edificio también es una violación del derecho internacional», recuerda Dror Sadot, de B’Tselem. «De nuevo, es la comunidad internacional la que debe frenar a Israel».
No obstante, y las autoridades israelíes son conscientes de ello, no se vislumbran posibles repercusiones. Ni siquiera durante la posible visita a Israel del presidente estadounidense Joe Biden, que se llevaría a cabo a finales de junio.
Así, entre Masafer Yatta, Sheikh Jarrah y nuevos asentamientos, las autoridades israelíes avanzan sobre Cisjordania ocupada y Jerusalén Este a contramano del consenso internacional pero sin frenos a la vista. Si bien palestinos como Basel Adra no se resignan: «Tenemos la esperanza de que esto termine algún día y podamos vivir en paz y libres en nuestra tierra».