México aceptó una solicitud hecha por Estados Unidos para revisar una supuesta denegación de derechos laborales en una planta de la empresa estadounidense Goodyear en el estado de San Luis Potosí, dijeron autoridades.
El gobierno de México admitió a revisión la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre una presunta denegación de derechos colectivos en Goodyear, San Luis Potosí
A través de la Secretaría de Economía, el gobierno mexicano comunicó a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) la admisión de la solicitud de revisión recibida el 22 de mayo respecto a una supuesta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la instalación de Goodyear, ubicada en San Luís Potosí.
El caso se lleva a cabo al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Anexo 31-A del T-MEC.
Esta solicitud de revisión identifica presuntas violaciones a derechos colectivos por la negativa de la empresa de aplicar los términos más beneficiosos del Contrato Ley existente en la industria del hule; la supuesta desinformación por parte de la empresa y el sindicato que anteriormente ostentaba el contrato colectivo de trabajo (CCT) respecto a la existencia de un Contrato Ley.
También aborda la omisión de sancionar a los responsables de interferir u obstruir la consulta de legitimación del CCT realizada el pasado 23 de abril.
Respecto al último punto, la consulta fue suspendida por la autoridad laboral debido al robo de una urna con los votos de la jornada, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y se encuentra en proceso de investigación.
El procedimiento de legitimación se repuso el pasado 8 de mayo, resultando en la terminación del CCT por el rechazo mayoritario de los trabajadores de Goodyear.
A partir de la admisión de esta solicitud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con un plazo de 35 días para investigar y emitir una determinación al respecto.
Tras dar a conocer lo anterior en un comunicado de prensa, las secretarías de Economía y del Trabajo expresaron que el gobierno de México reitera su compromiso en aplicar en forma efectiva la legislación laboral, así como las disposiciones en la materia establecidas en el T-MEC, garantizando con ello el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras del país.