La seguridad pública es fundamental para el desarrollo económico y la competitividad. En el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Estado de México se sitúa en la posición 21 de 32 entidades y en el lugar 26 en el Subíndice de Estado de derecho que compone dicha medición. En el marco de las próximas elecciones para el cargo de gobernadora en el Estado de México, el IMCO llevó a cabo una radiografía de los niveles de inseguridad de la entidad y de los recursos con los que cuenta para combatirla para identificar los retos principales y plantear propuestas de política pública.
Altos índices de inseguridad en el Estado de México
El Estado de México tiene altos niveles de inseguridad pública, con el robo y la extorsión como los principales delitos. En 2022 fue la entidad en la que más delitos contra el patrimonio se cometieron. También tuvo la mayor tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes a nivel nacional en robos con violencia y robos a transeúntes, así como la segunda mayor en robos en transporte público -delito en el que acumuló la mitad de todos los casos detectados en el país-.
Por otro lado, el delito de extorsión es la amenaza a la seguridad que más rápido ha crecido en el Estado de México desde 2017, y actualmente representa la segunda tasa más alta de incidencia a nivel nacional, solo después de Zacatecas. En 2022, 4 de cada 10 carpetas de investigación sobre el delito de extorsión fueron iniciadas en la entidad. La extorsión incrementa el desempleo, reduce los bienes disponibles en una economía y desincentiva la inversión.
Además, la inseguridad coexiste con altos niveles de impunidad. La entidad tiene la peor calificación en el Índice de Impunidad en México 2022 con respecto a las 32 entidades federativas. La impunidad sucede cuando una acción que contraviene a la ley queda sin sanción y, por ende, implica que las víctimas no tienen acceso a la justicia. Al no concluir los procesos de judicialización, los costos esperados de cometer un crimen disminuyen y su incidencia tiende a aumentar, particularmente en delitos contra el patrimonio.
Uso subóptimo del presupuesto de seguridad pública
El nivel de inseguridad en el Estado de México también coincide con el uso subóptimo del presupuesto en materia de seguridad pública. Por un lado, parece ser una prioridad presupuestal para el gobierno de la entidad con respecto a otros estados, puesto que gasta 1% más del presupuesto en este rubro que el promedio nacional y que el gasto per cápita es mayor que el de la mayoría de entidades. De hecho, al menos desde 2018, el Estado de México ha sido la segunda entidad con más presupuesto destinado a seguridad, solo después de la Ciudad de México.
No obstante, la tasa de incidencia delictiva en el estado superó el promedio nacional en delitos por cada 100 mil habitantes durante 2022. Nuevamente, el estado presenta la segunda tasa más alta de incidencia en delitos de extorsión y la primera en robo con violencia y robo a transeúnte. En la práctica, cada peso destinado a seguridad en el estado logra combatir menos delitos que en otras entidades.
De la misma manera, el número de policías en el Estado de México contrasta con el tamaño de su población. La Organización de las Naciones Unidas sugiere como buena práctica internacional que la proporción de policías por cada mil habitantes sea de 2.8. A nivel nacional, el Modelo Óptimo de la Función Policial del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública plantea como meta contar con 1.8 policías por cada mil habitantes.
Sin embargo, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, en el Estado de México esta proporción es de únicamente 0.99 elementos de seguridad por cada mil habitantes, cifra por debajo del promedio nacional (1.02), casi cinco veces inferior a la de la Ciudad de México (4.41) y similar a la de estados como Guerrero, Colima, Tlaxcala y Veracruz.
Específicamente, el personal encargado de la seguridad pública en el Estado de México suma 20 mil 122 personas, de los cuales 15 mil 91 son policías.
Falta de especialización
Por último, la gestión de la seguridad en el Estado de México muestra mal desempeño y poca especialización. Según la Ley de Seguridad del Estado de México, la institución estatal encargada de prevenir la incidencia delictiva es la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), cuyo titular es nombrado por el gobernador o gobernadora. Los dos principales brazos de la SSEM son la Subsecretaría de Policía Estatal y la Subsecretaría de Control Penitenciario. La primera vigila los espacios públicos y responde a las emergencias que la ciudadanía denuncia. La segunda se encarga de administrar las prisiones estatales, las cuales padecen el mayor hacinamiento a nivel nacional y que en su mayoría se encuentran reprobados en materia de derechos humanos por la CNDH.
Aún más, la Fiscalía del Estado de México, cuya responsabilidad es investigar delitos, recopilar evidencia y presentarla ante un juez, enfrenta altos niveles de impunidad. La Fiscalía cuenta con pocas unidades especializadas, lo que limita sus capacidades para perseguir delitos que exigen diferentes perfiles en los policías de investigación y los ministerios públicos.
Ante el panorama anteriormente descrito, la confianza de la ciudadanía en las autoridades del Estado de México está en juego. Factores como el alto nivel de inseguridad, el uso subóptimo de los recursos presupuestales y un capital humano especializado insuficiente pueden reducir la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas. De hecho, en el Estado de México, 64% de la población de la entidad desconfía del gobierno estatal, 71% desconfía de los ministerios públicos y 76% desconfía de los policías. La falta de confianza, a su vez, dificulta la gobernabilidad en la entidad. Para enfrentar la situación de la inseguridad en el Estado de México, el IMCO Propone:
- Reducir la incidencia en delitos contra el patrimonio y robo a través de un plan implementado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México y el Ejecutivo estatal que contemple cinco ejes estratégicos:
- Planeación desde el Ejecutivo estatal de los nuevos espacios urbanos en el estado a través de la construcción de infraestructura que facilite la vigilancia policial y reduzca espacios de riesgo para la población como callejones, puntos ciegos y zonas sin iluminación.
- Aplicación de tecnologías de vigilancia, rastreo y persecución que incluya capacitación del personal policíaco por parte de la Subsecretaría de Policía Estatal para utilizarlas en labores preventivas, reactivas y de investigación.
- Regulación en la economía informal por parte del Ejecutivo estatal con el objetivo de proteger a la población que participa en ella frente a la extorsión por parte de grupos criminales y funcionarios públicos.
- Aplicación de tecnologías de bloqueo automático de llamadas telefónicas provenientes de centros penitenciarios estatales por parte de la Subsecretaría de Control Penitenciario donde se detecten patrones de lenguaje extorsivo, o bien un reacomodo de las dinámicas al interior de estos centros que impida la práctica.
- Incremento de las capacidades humanas y financieras de la Fiscalía del estado para que no se vea obligada a desechar la investigación de delitos contra el patrimonio para priorizar delitos que implican mayor violencia.
- Aumentar las capacidades de las instituciones de seguridad a través de una estrategia de coordinación, inteligencia y denuncia dirigida por el Ejecutivo estatal. Es importante asegurar la coordinación de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, militares y civiles, que incluya divisiones jurisdiccionales y atribuciones con criterios basados en la proximidad para el despliegue y la relación de cada cuerpo policial con las localidades. Además, los policías pueden construir redes de información para generar inteligencia al interior de los municipios e identificar los puntos geográficos de mayor riesgo y el perfil de los criminales locales, así como abrir y socializar los canales de denuncia ciudadana que puedan usarse tanto para señalar a particulares como a funcionarios de la administración pública.
- Monitorear desde la ciudadanía la elección del fiscal estatal para exigir que se publique la vacante con tiempo y se elijan perfiles adecuados. La autonomía de la Fiscalía implica que sus resultados no pueden ligarse directamente al Ejecutivo. Sin embargo, el gobernador o gobernadora se encarga de elegir a un candidato de entre una lista que presenta el poder legislativo, por lo que toma una decisión fundamental que vale la pena monitorear debido a que el trabajo del fiscal tiene influencia directa en la impunidad e incidencia delictiva.
En 2023, los y las mexiquenses tienen la oportunidad de elegir a la autoridad que tendrá facultades y responsabilidades para enfrentar el problema de seguridad pública. Una reconfiguración de las estrategias estatales puede cambiar el panorama de un problema delictivo que ha permanecido en el tiempo y que afecta directamente la calidad de vida y el patrimonio de las y los votantes, así como la competitividad estatal.