Desde enero de 2021, ha habido casi 13.500 ataques contra personas deportadas a México desde EE. UU. o a las que se les impidió cruzar la frontera, según el reporte.
A medida que Estados Unidos comienza a imponer reglas fronterizas que dificultan que los migrantes soliciten asilo, es muy probable que muchos reciban una rápida deportación a México, donde estarán expuestos a grupos criminales y funcionarios corruptos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El papel que México desempeña como brazo ejecutor de Washington para disuadir a los migrantes de dirigirse ilegalmente a Estados Unidos a través del territorio mexicano será más significativo con la expiración, el jueves 11 de mayo, de una política de la era de la COVID-19 conocida como Título 42, la cual detuvo la entrada de muchos migrantes en la frontera y le permitió a las autoridades estadounidenses expulsarlos con rapidez.
En conversaciones la semana pasada con el gobierno de Joe Biden, México dijo que aceptaría que inmigrantes no mexicanos fueran enviados de regreso desde Estados Unidos bajo las nuevas reglas y les tramitaría el asilo mexicano.
Pero si el sistema de asilo en Estados Unidos está plagado de retrasos, la situación en México es igual de precaria, con casos de asilo que duran años sin resolución.
Además, muchos migrantes expulsados a ciudades mexicanas a lo largo de la frontera con Estados Unidos enfrentan horrores diarios a manos de organizaciones criminales y, en algunos casos, de las mismas agencias gubernamentales en las que Washington se está apoyando para ayudar a mitigar el flujo de migrantes en la frontera, según organizaciones de defensa de derechos humanos.
Desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero de 2021, ha habido casi 13.500 ataques contra personas deportadas a México desde Estados Unidos o a las que se les impidió cruzar la frontera, según un informe reciente de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights First.
El informe dice que, en algunos casos, funcionarios mexicanos se han confabulado con organizaciones criminales para extorsionar a los migrantes.
El Instituto Nacional de Migración de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el trato del gobierno a los migrantes.
“Ese país no es un país seguro”, dijo sobre México Yuri Hurtado, una migrante colombiana de 26 años.
Hurtado dejó su país en marzo junto a seis miembros de su familia para escapar de la pobreza y la violencia. Pasa sus días en un refugio para migrantes cerca de la frontera con Estados Unidos escuchando mensajes telefónicos amenazantes de miembros de un grupo criminal que, según contó Hurtado, secuestró a sus familiares la semana pasada mientras viajaban en un autobús por México.
El refugio donde se hospeda Hurtado, Casa del Migrante San Juan Diego, está en Matamoros, una ciudad del norte de México que es conocida por la violencia, y que está al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas.
Hurtado dijo que la banda criminal que tiene secuestrada a sus dos hermanas, un cuñado, así como dos sobrinos, de 2 y 5 años, le había exigido 4000 dólares por su liberación o comenzaría a sustraer sus órganos.
La suma es mucho más de lo que Hurtado dijo que podía pagar. La policía local, afirmó, no la ayudó cuando trató de presentar una denuncia, una respuesta típica de las autoridades, según organizaciones defensoras de derechos de los migrantes.
“Me da mucho miedo que lo pasen a él por una frontera y a mí por otra”, dijo. “Sola en una frontera yo me muero”, aseguró, y agregó que esperaba que sus familiares fueran liberados antes de que intentara cruzar la frontera.
Historias como la de Hurtado no son inusuales. Las organizaciones criminales a menudo les imponen tarifas a los migrantes para viajar por México y luego los secuestran. Más de 2000 migrantes fueron secuestrados por bandas criminales el año pasado, dijo el gobierno mexicano la semana pasada.
Al mismo tiempo, los migrantes también son vulnerables a ser victimizados por las autoridades migratorias de México.
“Los abusos por parte de los propios funcionarios estatales son sistémicos”, aseveró Julia Neusner, abogada coautora del informe de Human Rights First. “Escuchamos cientos y cientos de historias de personas que sufren daños directamente a manos de estos funcionarios estatales, incluidos secuestros, violaciones, agresiones sexuales, robos, extorsiones”.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a finales de 2018, prometió que México nunca sería usado para hacer “el trabajo sucio” de las políticas migratorias de Washington.
De hecho, su gobierno emitió más visas para permitir que los inmigrantes viajaran libremente a México y llegaran a la frontera con Estados Unidos.
Pero, en poco tiempo, López Obrador descubrió, como otros presidentes mexicanos antes que él, que es casi imposible que México forje una política migratoria por su cuenta.