La Suprema Corte de Justicia de México discutía el lunes la posible invalidación de parte de una reforma electoral sobre propaganda gubernamental impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de echarse para atrás podría acrecentar las tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.
Los ministros esperan debatir un proyecto de sentencia, que difundieron la semana pasada algunos medios locales, que plantea la invalidación de la reforma de las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso como parte de un paquete de leyes. Para que el proyecto sea aprobado se requieren los votos de al menos ocho de los 11 ministros.
A pocas horas de la sesión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
En las últimas semanas las relaciones entre el gobierno y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
Tras el rechazo de la reforma militar el gobernante criticó duramente a los ministros y anunció que en 2024, último año de su sexenio, promovería una nueva iniciativa de reforma para consumar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A fines del año pasado López Obrador promovió la reforma de seis leyes, conocida como el “Plan B”, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para una reforma constitucional que implicaba cambios más profundos en materia electoral.
Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
López Obrador ha negado que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México, como aseguraron las autoridades electorales, y planteó que la iniciativa buscaba recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.
El mandatario señaló al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, que salió el mes pasado el cargo luego de nueve años de gestión, de actuar más como opositor al gobierno que como árbitro neutral de los comicios. Córdova fue reemplazado en abril por Guadalupe Taddei, quien fue electa por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.