El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que propondrá una reforma al artículo 33 de la Constitución, que permite la expulsión de extranjeros por «inmiscuirse» en política y que en años recientes fue controvertido, en particular su aplicación a ciudadanos españoles.
«Ya nosotros estamos hoy o mañana por enviar una iniciativa de modificación a la Constitución sobre el artículo 33 porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso porque hacía un cuestionamiento al Gobierno se le deportaba, eso lo vamos a quitar», indicó en su rueda de prensa diaria.
El mandatario se refirió al artículo constitucional que faculta al Ejecutivo a «expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley» y a que «los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país».
La cláusula ha despertado controversia en años recientes, como en diciembre pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) pidió usar el artículo contra el español Abraham Mendieta, asesor y simpatizante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ese mismo mes, la Secretaría de Gobernación (Segob) eliminó de la lista de personas non gratas al cantante español Manu Chao, quien en 2009 criticó al Gobierno de México, entonces de Calderón, por la represión de las protestas en San Salvador Atenco en 2006.
En 2021, simpatizantes de Morena pidieron aplicar el artículo 33 a los líderes de Vox que acudieron al Congreso a presentar la Carta Madrid, algo a lo que López Obrador se negó.
Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral decretó en 2018 que la cantante Belinda, quien tiene nacionalidad española pese a vivir en México, «vulneró» la Constitución y la ley electoral por participar en actos políticos de Morena.
Y en 2014 hubo una controversia con Chile por el arresto del músico chileno Lawrence Maxwell Ilabaca durante una protesta tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de ese año.
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“No debe haber nada que limite la libertad y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben eliminarse», consideró ahora López Obrador.
El presidente argumentó que la cláusula viene desde la Constitución de 1836, pero prometió que su Gobierno trabaja por la libertad al eliminar también las sanciones previstas por «injurias al presidente».