La Compañía de Jesús decidió reforzar con tres sacerdotes más su presencia en un poblado del norte de México donde hace más de siete meses fueron asesinados dos jesuitas sin que aún se haya detenido al presunto responsable del hecho, lo que llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a los religiosos.
Tres sacerdotes se incorporaron el mes pasado a la parroquia religiosa de la localidad norteña de Cerocahui, estado de Chihuahua, donde quedaron dos jesuitas luego de los asesinatos a mediados del año pasado de Javier Campos y Joaquín Mora, ambos miembros de la Compañía de Jesús, anunció el miércoles el sacerdote Javier Ávila, integrante de la congregación y presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.
“Por supuesto que no nos vamos a ir. Nuestro compromiso es con la gente”, dijo Ávila a The Associated Press al hablar de las razones que llevaron a la Compañía de Jesus a reforzar su presencia en Cerocahui, una remota localidad enclavada en la sierra de Tarahumara.
Desde que el ataque en junio pasado en el que también murió el guía turístico Pedro Palma, el gobierno federal envió un grupo de la Guardia Nacional a Cerocahui para resguardar a los dos sacerdotes que sobrevivieron, quienes desde esa fecha salen a las calles escoltados por los militares.
Pese a que tienen seguridad militar, Ávila reconoció que entre los miembros de la comunidad religiosa persiste el temor porque el presunto responsable de las muertes, José Portillo Gil, alias “El Chueco”, líder de una organización criminal, aún no ha sido detenido.
Ante la situación de inseguridad que enfrentan los religiosos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos solicitaron a la CIDH medidas cautelares para la comunidad que se emitieron el 22 de enero y que se notificaron al Estado mexicano cinco días después.
La CIDH emitió medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita al considerar que “aún no se ha implementado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo” y estimó que la “impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos”, indicaron las organizaciones humanitarias en un comunicado.
Asimismo, el organismo internacional solicitó al Estado mexicano adoptar medidas para proteger la vida de las personas beneficiarias y que se informe de las acciones que se han ejecutado para investigar los homicidios debido a que “si no hay consecuencias legales por esos eventos, se asentaría un mensaje de permisividad frente a la violencia en la región”.
La coordinadora del área internacional del Centro Prodh, María Luisa Aguilar, consideró relevante la decisión de la CIDH porque está reconociendo que la situación que vive la comunidad jesuita en esa región norteña es “de gravedad y de urgencia”. “Mientras no se investiguen los hechos que derivaron en estas medidas y no se rindan cuentas en ese contexto el riesgo persistirá”, sostuvo la activista.
Tras los asesinatos las autoridades anunciaron un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la sierra de Tarahumara para capturar a “El Chueco”, quien a pesar de tener desde hace varios años orden de captura se paseaba por las calles de Cerocahui con absoluta impunidad e incluso patrocinaba un equipo de béisbol local.
Por información que lleve a su captura se ha ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos (unos 250.000 dólares).
Portillo Gil es señalado desde 2018 también como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA.
De acuerdo con información difundida por medios locales, Portillo Gil es el líder de una célula del narcotráfico vinculada con el poderoso grupo criminal de Los Salazar que está asociado al Cártel de Sinaloa en Chihuahua.