Los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición reanudaron los diálogos en la capital mexicana. Sin embargo, en ambas bancadas hay cierto escepticismo ante estas conversaciones, especialmente por la incógnita de cuánto estarán dispuestos a ceder para lograr avances en el proceso
Tras 13 meses de suspensión de los diálogos, el gobierno y la oposición pretenden impulsar el proceso con un acuerdo, en el que han avanzado en los últimos meses con la mediación de Noruega, para crear un fondo social, con recursos congelados del Estado venezolano, que se utilizará para financiar programas de salud, alimentación y educación para los mayoritarios sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis, y atender el deteriorado sistema eléctrico público.
La delegación del Gobierno de Venezuela llegó el viernes a Ciudad de México para la firma de un «acuerdo social» con opositores, como parte de los diálogos políticos que estaban suspendidos desde hace más de un año.
Un proceso paralizado
Las negociaciones entre Gobierno y oposición se retoman tras meses de encuentros reservados de las partes y en los que Estados Unidos ha jugado un rol al dejar claro que permitir que la petrolera Chevron asuma un rol más amplio en el sector energético de Venezuela depende de su regreso a las conversaciones en México.
La delegación oficialista, liderada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la de la oposición que encabeza Gerardo Blyde, tienen previsto firmar un «acuerdo social», que según el representante del gobierno de Nicolás Maduro crea «un mecanismo práctico para abordar necesidades sociales vitales» en Venezuela.
Estamos interesados (…) en que nuestros asuntos sean dirimidos a través de la discusión y el diálogo en el marco que nos da la Constitución», dijo Rodríguez a su llegada a México con su delegación de nueve personas y en las que hubo un cambio para incluir a Camilla Fabri, esposa del empresario de origen colombiano Alex Saab. La delegación encabezada por Rodríguez está integrada, además de Fabri, por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano.
Saab, en el epicentro del diálogo
La extradición de Saab, en octubre del 2021, desde Cabo Verde a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, fue lo que provocó la molestia del gobierno Maduro y que suspendieran las conversaciones. Desde entonces el Gobierno venezolano demanda su excarcelación.
El presidente del parlamento ha dicho que con el acuerdo se busca atender problemas en la prestación de servicios públicos como la electricidad, la salud y la educación, usando fondos que esperan descongelar en el sistema financiero internacional, pero no ha dado detalles sobre montos o plazos para recibir esos fondos, que serían administrados por la ONU.
Maduro dijo el jueves por la noche que el diálogo estará en «función de recuperar los recursos secuestrados para invertirlos en el pueblo. Después veremos qué otros temas se pueden conversar con esta oposición». Los opositores ven en los diálogos una vía para salir de la crisis con un eventual acuerdo para ir a elecciones «libres y justas» presidenciales, previstas para el 2024.
El fondo social para Venezuela
Por otro lado, la conformación del fondo social, que sería administrado por Naciones Unidas, forma parte de una amplia agenda de discusiones que incluirá el levantamiento de las sanciones económicas, la definición de las condiciones para las elecciones presidenciales del 2024, la liberación de presos políticos y el retiro de inhabilitaciones políticas.