El Gobierno de México tiene previsto ofrecer visados por razones humanitarias a las 32 personas migrantes que fueron secuestradas recientemente en el estado de Tamaulipas, según anunció el Instituto Nacional de Migración (INM).
En un comunicado, el INM señaló que iniciará el proceso administrativo para otorgarles tarjetas en cuanto se les reconozca como víctimas del delito por parte de la fiscalía estatal. Además, solicitó el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para validar las distintas acciones y apoyos proporcionados.
Asimismo, el INM hizo un llamado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) del estado mencionado para su intervención, especialmente debido a la presencia de menores de edad y núcleos familiares entre las personas afectadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas fueron «liberados» por sus captores y no «rescatados» por el Gobierno, enfatizando que aún no hay detenidos relacionados con el incidente.
Estas declaraciones difieren de las emitidas por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Luisa María Alcalde, quienes afirmaron que las autoridades «rescataron» a los migrantes, la mayoría provenientes de Venezuela y Honduras.
En su conferencia matutina, López Obrador explicó que la investigación continúa, señalando que el móvil del crimen fue la extorsión a los familiares de los migrantes. Se confirmó un total de 32 víctimas, incluyendo a un bebé que inicialmente no fue contabilizado.
El incidente se registró el 30 de diciembre, cuando hombres armados interceptaron un autobús de 36 pasajeros que viajaba de Monterrey a Matamoros. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, proporcionó esta información, y el INM indicó que, tras ser reconocidas como víctimas del delito por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se iniciará el proceso administrativo para entregarles tarjetas que faciliten su acceso a servicios públicos y garanticen su derecho a la identidad, permitiéndoles integrarse a la vida social, económica y productiva del país. El INM subraya que este proceso se lleva a cabo en coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de brindar apoyo integral y salvaguardar la integridad física de las personas migrantes.